El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y funcionó durante el terrorismo de Estado.
Con 40 metros, el Pozo de Vargas en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas, y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.
A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante Operativo Independencia y la dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.
De los 149 restos óseos que se encontraron, 116 ya fueron identificados.
El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de la investigación en el lugar.
El 10 de febrero pasado, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la denominada causa «Pozo de Vargas», luego de 20 años de trabajo, «ha llegado al final de la excavación».
«De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba al interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)», indicó el texto.
La Fundación detalló que con esta investigación «se recuperaron los restos óseos de 149 personas, de los cuales 116 fueron identificadas a través de análisis de ADN, ello implica que 33 personas que fueron víctimas de desaparición forzada no pudieron ser identificadas».
En tanto, días después la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad aclaró que aún se encuentran pendientes de realización algunas «tareas periciales».
Ese comunicado señaló que «el 2 de febrero, el juez Fernando Poviña ordenó que, atento al estado en que se encuentra la excavación arqueológica, se requiriera a los peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que trabaja en el lugar desde los inicios de la investigación, la producción de un informe técnico».
«El magistrado instó al CAMIT a concentrarse en las labores de zaranda, a los fines de permitir el análisis pericial pertinente de los restos humanos rescatados», se añadió. Por otro lado, se encomendó al perito geólogo que interviene en el proceso la producción de un informe «técnico adicional».
«De ello surge que aún restan informes periciales tanto de los peritos del CAMIT como del geólogo para controlar la tarea de recuperación de restos y elementos asociados», agregó el informe.
Marta Rondoletto, presidenta de la Fundación Memorias e Identidades que comenzó su labor en 2001 y familiar de cinco personas detenidas desparecidas, contó a Télam los inicios de la investigación del Pozo.
«Al poco tiempo de recuperada la democracia, en el año 84, un compañero expreso político conocido como ‘Chueco’ Rodríguez me habló de que había un pozo en el que habían tirado personas, en ese entonces hicimos un recorrida por la zona indicada, pero los vecinos decían no saber nada», recordó la mujer.
Años después, en 2001, «un señor llamado Pedro Mercado, muy cercano a mi familia, me dijo había recibido de información de que en un pozo que era del ferrocarril, en la zona de Los Pocitos, se habían arrojado un montón de gente, pero después fue rellenado con cemento y tapado cuando se fue (Antonio) Bussi», relató.
Antonio Domingo Bussi fue comandante en jefe del Operativo Independencia e interventor militar de Tucumán durante la dictadura, y luego, ya en democracia, lograría ser gobernador de la provincia por el voto popular entre 1995 y 1999.
Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue condenado a perpetua en 2008 cuando se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad.
De los cinco familiares detenidos desaparecidos de Rondoletto, los restos de tres fueron encontrados en el Pozo de Vargas.
Una vez hecha la presentación judicial, el fuero federal «comenzó a realizar la investigación, y para ello los familiares que estábamos convencidos que efectivamente allí se podían encontrar pruebas, comenzamos a hacer toda una tarea de buscar recursos económicos para sostener los requerimientos de personas capacitadas en esa tarea y con la tecnología adecuada».
En julio de 2016 fueron identificados Jorge y Silvia, hermanos de Marta, y su madre María Cenador de Rondoletto, secuestrados el 2 de noviembre de 1976 junto a su padre Pedro y su cuñada Azucena Bermejo, embarazada de cuatro meses, durante un operativo realizado a plena luz del día y que incluyó cortes de calles y la ocupación de casas de los vecinos.
Al respecto, la militante de Derechos Humanos manifestó que «da cierta tranquilidad saber dónde están, pero al mismo tiempo una profunda indignación y bronca saber finalmente cómo terminaron; es terrible, sin embargo, después de más de 40 años es importante para mi familia conocer lo que pasó», aclaró.
«Como militante y ciudadana considero que es fundamental que todas las investigaciones de este tipo se cierren alcanzando la verdad de lo que ocurrió, por eso me resulta importante que una parte de la investigación del pozo, que es la excavación, haya concluido», sostuvo.
Sobre los más de 30 restos que faltan identificar, Marta señaló que «por las características del material óseo extraído y del lugar donde fueron hallados, es difícil y lleva mucho trabajo terminar de separarlos del barro u otros materiales, en especial los más pequeños».
«Después de todo un proceso esos restos llegan a los laboratorios del EAAF para ser identificados», graficó.
En el pozo también se encontraron prendas de vestir y otros objetos que «la Justicia, junto a los familiares, deberá determinar como proceder».
En Tucumán se lleva a cabo la campaña «Acercate, te estamos buscando», destinada a incentivar a las personas a dejar su muestra de sangre e incrementar las muestras de ADN del Banco de Datos Genéticos y cotejarlas con los restos recuperados de las víctimas de delitos de lesa humanidad.
La campaña es llevada adelante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Erica Brunotto, en el marco de la Campaña de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID).
Fuente: Telam