La familia de Tahiel Contreras, el niño de seis años que murió atropellado en 2020 en el partido bonaerense de La Matanza como consecuencia de una picada ilegal, espera «una justicia ejemplar», en vísperas del juicio oral y público que comenzará este lunes en la Universidad Nacional de La Matanza.
El juicio, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 4 conformado por los jueces Nicolás Grappasonno, Gerardo Clemente Gayol y Franco Fiumara, inicia a las 9 y se estima que constará de al menos dos jornadas.
Los imputados Nahuel Agustín Olivera, panadero de 24 años, oriundo de Gregorio de Laferrere, y Alexis Leonel Escribanti técnico radiólogo de 26 años, oriundo de Villa Luzuriaga, según el documento de requerimiento de elevación a juicio de 2021, «se conocían» y llegaron a esta instancia con «prisión efectiva» y defensas diferenciadas, indicó el abogado de la parte damnificada, Alberto Palacio.
La calificación legal es «Prueba ilegal de velocidad -conocida como ‘picada‘– en concurso real con homicidio simple -de Tahiel- a título de dolo eventual en concurso ideal con lesiones leves reiteradas en dos oportunidades -a la madre y el padre de Tahiel-«. Se trata de al menos tres delitos.
«En general, las penas en homicidio simple son de 8 a 25 años y, en este caso, el concurso hace que uno pueda llegar a pedir más pena», precisó Palacio.
«Vamos por la pena más alta posible, que representaría un hecho importante en el camino de justicia general de las víctimas de los hechos de tránsito», añadió.
En tanto el documento de elevación a juicio precisó las pruebas recabadas hasta el momento. Entre ellas, videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, pericias accidentológicas, de autopsia, toxicológicas, informes policiales y declaraciones testimoniales.
«Cada testigo desde su lugar aportó algo importante: la señora que iba en el colectivo, el muchacho que estaba en la estación de servicio trabajando ese día, la señora que iba cruzando, otros conductores», destacó el abogado. «Esperamos que quienes ya declararon en la etapa de instrucción vuelvan a decir lo que vieron el lunes», añadió.
El delito sucedió en pandemia, el 13 de septiembre de 2020 pasadas las 16 en la intersección de la Ruta Provincial N° 21 y la arteria Soldado Sosa de la localidad de Laferrere, zona «densamente poblada».
Según consta en la causa, Escribanti iba a bordo de un Volkswagen, modelo Vento y Olivera a bordo de un Chevrolet modelo Corsa, cuando «decidieron» realizar la picada ilegal, circulando por la ruta a una velocidad «superlativa», eludiendo a otros autos y «creando una situación de peligro para la vida o integridad física de las personas que transitaban por la vía pública», señalaron.
Al perder el control de los rodados, según la investigación, el Corsa impactó contra un tercer vehículo que circulaba en forma reglamentaria por el carril lento, y fue desplazado hacia la vereda, lugar donde fueron embestidos Luciano Guillermo Contreras, Noelia Abigail Díaz -padres del niño- y Tahiel, quienes esperaban para cruzar para ir a tomar un helado y luego «darle la sorpresa de ir a la plaza -en el marco del aislamiento por la pandemia-«, repuso en diálogo con Télam la madre.
Los tres sufrieron politraumatismos, pero en el caso de Tahiel falleció en el acto, explicaron. En ese momento, Escribanti «se dió a la fuga del lugar».
El proceso judicial comenzó cuando el juzgado de Garantías 5 de La Matanza dictó el 14 de octubre de 2020 la prisión preventiva Olivera y Escribanti.
El juez de Garantías Gustavo Banco avaló el pedido realizado por el titular de la fiscalía 1 de La Matanza, Gastón Duplaá, al considerar que «las características de los hechos resultan sumamente graves». En la resolución, el juez Banco apuntó contra la actitud asumida por Olivera al momento del hecho, y reveló que se mostró más preocupado por su auto roto que por lo que había provocado.
En un principio, la causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Garate, de la UFI N°1 de Laferrere, quien imputó a Olivera por homicidio simple con dolo eventual. Y al otro día del siniestro, efectivos de la Policía también detuvieron a Escribanti, acusado por el mismo delito.
Luego, la causa giró a la UFI especializada en Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Duplaá, quien tras tomarles declaración indagatoria a los sospechosos, pidió su prisión preventiva y luego la elevación a juicio del caso.
«El proceso presentó la complicación de los últimos momentos de la pandemia, todo se hacía de manera virtual, pero no es una causa que esté demorada», dijo a Télam el fiscal de la UFI especializada en Homicidios de La Matanza, Sergio Alejandro Antin.
«La comunidad de Laferrere se sintió conmovida y lesionada por este hecho. Es un barrio muy popular de trabajadores que acompañaron a Noelia y Luciano», repuso Palacio.
La familia pasó estos dos años y cinco meses «destrozada» y «muerta en vida», dijo Díaz, por el homicidio de Tahiel, su único hijo.La madre recordó al niño como una persona «dulce, inteligente y cariñoso».
«Tahiel no va a volver. Esperamos una justicia ejemplar, un pequeño alivio después de tanto sufrimiento, que sea perpetua. Eran conscientes de lo que hacían, salieron a matar», agregó. La familia vive a una cuadra y media del lugar del hecho.
«Todos los días tengo que cruzar ese lugar porque no tengo otro camino, y es muy difícil ver que sigue pasando lo mismo», denunció la mujer, quien a partir de este hecho también se incorporó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como concientizadora en escuelas de educación vial de la zona.
La ANSV colaboró con la Justicia durante el proceso bajo la figura de «amicus curiae» (amigos del tribunal) y asistió a la familia desde el primer momento.
En octubre de 2020, presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley Tahiel-Kevin (en homenaje al hijo de Viviam Perrone), que espera por su avance parlamentario y busca crear la figura de «homicidio vial» equiparándola a la de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión para quien provoque una muerte corriendo picadas ilegales, precisaron, entre otros puntos claves.
El proyecto fue vuelto a presentar en mayo de 2022 «para que no pierda estado parlamentario» y este año en sesiones ordinarias «volveremos a la carga para intentar sacarlo», aseguró a Télam el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), firmante de la iniciativa.
«Va a ser muy importante lo que resulte de este juicio para que volvamos a la carga pidiendo la ley. Correr una picada en una avenida, no puede ser considerado un accidente», concluyó a Télam el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.
Fuente: Telam