Perú repetirá este lunes las escenas de manifestaciones de protestas y cortes de rutas y calles, pero parte de la atención estará puesta en dos recintos cerrados, el del Congreso, donde debe reconsiderarse la votación que rechazó adelantar las elecciones a este año, por un lado, y el de la OEA, en Washington, donde la política de la presidenta Dina Boluarte será puesta en cuestión, por el otro.
Será la segunda vez en dos semanas que el Consejo Permanente de la OEA se convoque para analizar la situación de Perú, esta vez en sesión extraordinaria, después de haber escuchado la semana pasada a la mandataria.
En un comunicado publicado en su página web, la organización dijo que la reunión de su órgano principal será a las 14.30 (las 16.30 en la Argentina) y tendrá por finalidad considerar «los acontecimientos recientes en la República del Perú”.
La sesión fue solicitada por el gobierno de Colombia, uno de los más críticos para con la respuesta represiva a la ola de protestas que sacude a Perú desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido el entonces presidente Pedro Castillo y asumió Boluarte.
La canciller de Perú, Ana Gervasi, adelantó a la radio RPP que el gobierno detallará en la sesión las gestiones que realiza «para superar esta compleja crisis política”.
Los gobiernos de México, Chile, Bolivia, la Argentina y Honduras también cuestionaron la respuesta de la administración Boluarte ante las manifestaciones, que dejaron 48 muertos directos y otros 10 por causas conexas, según datos oficiales.
Las protestas exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones inmediatas.
Esta última cuestión volverá a estar en debate mañana el Congreso, pese a que en la madrugada del sábado fue rechazado un intento de revisar la fecha de abril de 2024 -ya con una primera aprobación- y traerla a 2023, iniciativa que había propuesto el fujimorismo.
Aunque esa votación terminó 65 a 45, la presentación de un pedido de “reconsideración” de parte otra vez de Fuerza Popular garantiza no que el resultado pueda darse vuelta -algo muy difícil- pero sí que los discursos vuelvan a centrarse en las protestas y cuándo es conveniente que los peruanos elijan un nuevo presidente.
El sàbado, Boluarte volvió a pedir al Legislativo que disponga comicios para diciembre de este año.
«Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú; nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social», remarcó.
La jefa del Palacio de Pizarro cambió su postura ante el agravamiento de las manifestaciones, que ya llegaron a Lima y dejaron un muerto en la capital, además de generar desabastecimiento en muchas regiones y afectar fuertemente el turismo.
En el parlamento se agregará otra discusión, porque la bancada de Acción Popular presentó un texto sustitutorio para el proyecto de adelanto de elecciones, ahora para impulsar además que los comicios incluyan a los gobernadores regionales y alcaldes, quienes iniciaron su gestión el 1 de enero de 2023.
Según indicó el parlamentario William Soto, su bancada consideró que la crisis política se debe a que «el Ejecutivo en todos sus niveles no atiende las necesidades de la población», y bajo esa premisa postulan al cambio de las autoridades elegidas el último 2 de octubre.
Sobre esa primera muerte en Lima, ocurrida el sàbado -la del manifestante Víctor Raúl Santisteban de Yacsavilca- el Ministerio del Interior y la Fiscalía anunciaron sendas investigaciones, aunque el Seguro Social detalló que el fallecimiento fue por un golpe.
Aeropuertos sin actividad, ataques repetidos a sedes del Estado, cortes de ruta permanentes e intermitentes, suspensión del torneo de fútbol, corte en los servicios de transportes y enfrentamientos directos entre ciudadanos y policías constituyen una escena ya cotidiana.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) registraba hasta las primeras horas de la tarde 65 cortes de rutas en cinco regiones.
Lejos de asomar un cambio, el Ejecutivo parecía prepararse para un agravamiento: el diario La República publicó este domingo que la Policía Nacional recibió desde Ecuador un lote de 12.000 gases lacrimógenos.
Se trata, señaló el medio, de una devolución de material que Perú le había enviado a Quito en mayo del año pasado, cuando el país vecino enfrentaba un paro nacional con movilizaciones de sectores indígenas y campesinos.
Más aún, el diario informó que el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que gestiona la adquisición de 100.000 proyectiles lacrimógenos “para que las fuerzas del orden sigan cumpliendo su labor de sofocar las constantes movilizaciones” sociales.
Fuente: Telam