Representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes), de sectores productivos y de servicios y profesionales de diferentes puntos del país respaldaron este viernes la iniciativa del Frente de Todos (FdT) de abrir una investigación sobre la conducta de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que el juicio político «es una instancia de la democracia y no un privilegio de impunidad».
«Hacemos un especial llamado a los legisladores a cumplir plenamente su obligación institucional y ciudadana llevando adelante los procesos e instancias establecidas para el desarrollo con plenas garantías y sin presiones extorsivas de juicios políticos claramente fundados», destacaron en una nota remitida a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
En ese sentido señalaron que «será justamente una forma de asentar la tranquilidad política y la justicia, con la convicción que nuestra Patria requiere más igualdad y no aceptar privilegios judiciales, económicos o sociales inadmisibles».
En la nota, las entidades y profesionales señalaron que decidieron expresar su posición ante la presentación «de una carta abierta, dada a conocer por medios de prensa el 19 de enero ppdo. en nombre de 500 empresarios y profesionales, requiriendo que los legisladores desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)».
«Será justamente una forma de asentar la tranquilidad política y la justicia, con la convicción que nuestra Patria requiere más igualdad y no aceptar privilegios judiciales, económicos o sociales inadmisibles»
«Nos asombramos e inquietamos de una misiva que incluye la peligrosa utilización de argumentos que desmerecen los chequeos y controles que requieren mutuamente en forma permanente los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional», destacaron.
Agregan que «nos provoca una inmensa preocupación la redacción de un escrito de una minoría del empresariado y profesionales de nuestro país que incluye argumentos que desmerecen lo establecido por nuestra Constitución Nacional».
Firmantes de la nota de pymes
La nota esta firmada por Raúl Hutín (Central de Entidades Empresarias Nacionales – CEEN), Marisa Duarte (Instituto Argentina para el Desarrollo Económico, IADE), Eduardo Barcesat (Abogado Constitucionalista),
Francisco Dos Reis (Empresario, CEEN), y Julián Moreno ( Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios- APYME).
También lo hacieron David Selser (Confederación General de la Producción, CGP), Juan Ciolli (Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, CAPYME- CEEN), Hernán Pini (Confederación General de la Industria, CGI), Felisa Miceli (Economista, CIGES), Jorge Marchini (Economista, CEEN) y Federico Tonarelli (Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros.
En la nota afirmaron que «el respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio» y dijeron que «en países con instituciones democráticas funcionando, el Poder Judicial no goza de inmunidad e impunidades distintivas de privilegios y conductas».
«El respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio»
«En tal sentido, la solicitud de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, se enmarca en lo preceptuado por el art. 53 de la Constitución Nacional (CN), siendo su denuncia y pedido de promoción una facultad de todo habitante de la Nación Argentina, y un deber para todo funcionario público frente a hipótesis de mal desempeño o posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública», advirtieron en el texto.
Asimismo, subrayaron que «no es posible por lo tanto argumentar, sin responsabilidad ni fundamentos, que la impunidad de jueces es imprescindible para que exista y se mantenga la actividad privada y la creación de empleo» que es el «único camino para reducir la pobreza».
En el documento expresaron que «la experiencia histórica demuestra que, siendo el Poder Judicial el único con miembros vitalicios, son justamente los países serios ‘ante los ojos del mundo’ aquellos que asientan y hacen cumplir, sin amenazas o falsas tergiversaciones, su propia igualdad ante la ley».
«Configuran, por lo pronto, más que suficientes causales de investigación e indagación que altos dignatarios del Poder Judicial de la Nación apropien y ejerzan reiteradamente, con ostensible demérito para la institucionalidad y el sistema democrático (Art. 36 de la CN), facultades propias del Poder Legislativo de la Nación (precedentes Consejo de la Magistratura y coparticipación CABA), o ejerzan facultades de policía sanitaria usurpando potestades del Poder Ejecutivo Nacional».
Fuente: Telam