El presidente Alberto Fernández y 12 gobernadores advirtieron este martes que existe el peligro de avanzar hacia un «gobierno de los jueces» y acusaron a los integrantes de la Corte Suprema de «invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes» del Estado, afectando «seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional».
En el documento que girarán a la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, el primer mandatario y los gobernadores pidieron que se disponga lo pertinente para impulsar la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
El escrito de 36 páginas fue difundido por la Presidencia tras la reunión que el jefe de Estado celebró este mediodía con los gobernadores en la Casa Rosada.
El documento reivindica la división de poderes y advierte que «si se traspasan los límites» que debe haber «existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes».
Pedido de juicio político by Télam on Scribd
En la nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la cámara baja, Ana Carolina Gaillard, piden a la «Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados mencionados por los motivos y hechos que se expondrán a continuación».
El oficialismo aseguró que pide investigar a los jueces del tribunal porque «en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes».
El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo.
Tras su habilitación, la comisión de Juicio Político deberá definir por mayoría simple la apertura del periodo a prueba, en la cual reunirá la documentación y citará a testigos para determinar si corresponde o no promover la acusación ante el Senado. El oficialismo cuenta con los votos necesarios en la comisión.
Los fundamentos del pedido de juicio político
En su presentación, el oficialismo afirmó que se plantea una situación «anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes».
Agregó que «dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional».
Puntualizó que la Corte realizó «arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional».
Denunció además el «grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo
El escrito se refiere además a la difusión de los chats de Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, presidente de la Corte, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Rossatti, dice, «oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años».
«Más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual investigación judicial, donde se establecerán y castigarán las responsabilidades correspondientes, se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño. Y los graves hechos que se están conociendo públicamente no pueden ser obviados», destacaron los firmantes de la nota.
Añadieron que «la convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales».
También subrayaron que «en el marco de la revelación periodística de conversaciones» entre D’Alessadro y Robles, «aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte (…) sobre la disputa sobre el porcentaje de fondos coparticipables que corresponden a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«El pedido de apartamiento de Horacio Rosatti se dirigía, justamente, a cuestionar los vínculos entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro» , describieron el Presidente y los gobernadores.
«Rosatti no se excusó y los restantes miembros del Tribunal, posiblemente ignorando el alcance de la relación entre Robles y D’Alessandro, prefirieron sostenerlo», destacó.
Acercade la Corte y la coparticipación
Sobre la cautelar que obliga a darle a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación, se afirmó que ello «implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente»
Apuntaron que «el máximo tribunal, al fin de cuentas, está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos».
Los denunciantes que la ley de Cautelares en la que el Estado Nacional interviene establece que uno los requisitos es que se acredite debidamente el peligro de demora y «no se advierte qué peligro podría correr una jurisdicción como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde su déficit es cero»
Consideraron «evidente» que la decisión de la Corte «es eminentemente política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal».
Y agregaron que la Corte «privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos».
El Consejo de la Magistratura
En el extenso escrito también señalaron como otra causal de mal desempeño la actuación sobre la integración del Consejo de la Magistratura, donde aún no se aceptó la representación votada en el Senado, y que en cambio se hizo jurar a los miembros de la Cámara de Diputados cuando su presidenta, Cecilia Moreau, había pedido suspender esa jura por un fallo de un juez.
También en el pedido contra Rosatti se señaló que «según se desprende de las piezas documentales que se acompañan, el doctor Rosatti ha vertido expresiones que -en caso que sean corroboradas- claramente denotan la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación»
«Tal como lo han documentado distintos medios periodísticos, en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales recientemente celebrado en la ciudad de Catamarca, el Presidente de la Corte señaló que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal», se subrayó.
Se advirtió que Rosatti afirmó que «la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del Poder Judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
«La competencia en lo atinente a la organización del Poder Judicial de la Nación es del Congreso de la Nación, al que le incumbe sancionar las leyes orgánicas referidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los Tribunales inferiores», se aclaró.
«De allí que una expresión como la arriba mencionada, emanada del Presidente de la Corte Suprema, no puede ser interpretada de otra manera que como una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales», agregó.
Además, se destacó que «resulta muy claro que si se traspasan esos límites, existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes».
Fuente: Telam