La suerte del detenido gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz y líder opositor, Fernando Camacho, al menos para los próximos meses, se jugaba esta noche en una audiencia judicial de pronóstico abierto, en la que la Fiscalía había pedido seis meses de prisión preventiva para el dirigente, en tanto el Comité Cívico cruceño llamó a un paro general para el viernes y a bloquear rutas en defensa del mandatario.
La Fiscalía boliviana defendió en la audiencia el pedido de seis meses de prisión preventiva para Camacho, detenido el miércolespor su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el exmandatario Evo Morales, y la defensa del gobernador presentó dos pedidos de libertad, uno en Santa Cruz y otro en La Paz.
El documento con la imputación formal presentada por el fiscal Omar Mejillones ante el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, publicado por la prensa boliviana, advierte sobre un peligro de fuga o la posible obstaculización a las investigaciones de parte del líder opositor.
Camacho «no tiene un domicilio habitual», presenta un «considerable flujo migratorio», con salidas a Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina y España, y su eventual liberación constituye «una facilidad para abandonar el país», dice la imputación.
La defensa de Camacho tachó de «descabellada» la solicitud e ironizó sobre el «tiempo récord» en el que se realizó todo el procedimiento.
«Tiempo récord todo lo que ha operado el Ministerio Público desde el miércoles para privarle de libertad al gobernador, para traerlo de forma violenta a la ciudad de La Paz. (…) Hay muchos aspectos que nos llaman la atención, que nos preocupan porque evidentemente no estamos viviendo un Estado de derecho», manifestó el abogado defensor Carlos Ledezma.
Camacho fue detenido el miércoles en Santa Cruz en el marco de la causa «golpe de Estado I» que lo investiga por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Morales.
Este jueves, el líder opositor invocó su derecho al silencio ante la Fiscalía y prefirió esperar la audiencia virtual en la que se analizó su situación, para ver si se defendería en libertad o desde la cárcel.
«Al no creer en la Justicia boliviana y con la finalidad de que la declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más prefiero defenderme por escrito», aseguró Camacho, citado en un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz.
Según explicó el Ministerio Público horas después del arresto, Camacho fue aprehendido en el marco de un «debido proceso» a partir de la denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
El abogado acusador, Jorge Nina, anunció que también pedirá la detención preventiva de Camacho y recordó que la orden de aprehensión ejecutada anoche no es reciente y la defensa estaba al tanto, señaló la agencia boliviana de noticias ABI.
Tras su arresto, Camacho pasó primero por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto y luego fue llevado a las oficinas policiales de la ciudad de La Paz.
A las puertas de esa sede policial este juevesse registraron algunos choques entre quienes llevaban su solidaridad a Camacho y quienes celebraban su detención.
Durante la madrugada, en su perfil de Twitter, el líder opositor escribió el mensaje: «Hoy fui secuestrado por la justicia del MAS. Mi única culpa es haber defendido la democracia y junto a todo un pueblo unido haber frenado el fraude».
El fiscal Mejillones, ante la prensa, aclaró que Camacho no cuenta con inmunidad por su rol de gobernador y que en un principio se evaluó tomarle declaración en la ciudad de Santa Cruz, pero se desistió de esa idea.
“No tiene ningún tipo de inmunidad; son delitos que se están persiguiendo de orden ordinario y el Ministerio Público ya hace dos años está realizando las actuaciones investigativas y se está cumpliendo el procedimiento”, manifestó.
Sobre las razones para su traslado, en lugar de tomarle declaración en la capital cruceña, respondió: “Con todo lo que ha sucedido en la ciudad de Santa Cruz, imagínese si le hubiéramos tomado, como estaba previsto inicialmente, la declaración en la ciudad…”.
Aunque se mantienen algunas protestas en la capital cruceña, la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó en un comunicado que se retomaron todas las actividades administrativas y operativas en el aeropuerto de Viru Viru, el miércoles ocupado por manifestantes.
En una decisión que amenaza con agravar las ya desgastadas relaciones entre el Gobierno central y el de Santa Cruz, el Comité Cívico regional -impulsor del paro de 36 días en reclamo de que el censo nacional se haga en 2023- decidió para el viernes un paro de actividades en reclamo de la liberación de Camacho.
«Se declara paro cívico de 24 horas desde el 30 de diciembre exigiendo la inmediata liberación del gobernador de nuestro departamento», afirmó el titular del Comité, Rómulo Calvo, al leer el documento con las conclusiones de la llamada “asamblea de la cruceñidad”.
El Comité dispuso además el bloqueo de rutas nacionales e internacionales y llamó a “una vigilia permanente en instituciones públicas para evitar que se sigan desarrollando los autoatentados”.
La última medida parece una referencia a los ataques sufridos por la sede de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y las oficinas de Impuestos Nacionales y de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcom).
También fue incendiada y saqueada la casa del ministro de Obras Públicas de la Nación, Edgar Montaño, que este jueves responsabilizó a Camacho; al jefe del Comité Cívico, Rómulo Calvo; y al rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas, respectivamente, por ese ataque.
Fuente: Telam