En 2022, la Justicia Federal de Comodoro Py, pero también jueces de otros fueros como el Comercial y el Penal Económico, intervinieron en las causas más sensibles que involucran al expresidente Mauricio Macri con un combo de estrategias procesales que favorecieron al titular de la fundación FIFA, y que incluyeron desde el sobreseimiento por el espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan hasta el traslado de los expedientes a jurisdicciones «más amigables», en particular los tribunales de Retiro.
El grupo de jueces a cargo de esas causas recurrió además a otras disposiciones de este tipo, clásicas en la política judicial de «Py», para mantener bajo control los expedientes en los que el exmandatario figura entre los acusados, o que pueden afectar los intereses económicos del Grupo Socma.
Un combo de estrategias procesales favoreció a Macri tanto en la Justicia Federal como en otros fueros.
Una de ellas fue la inacción procesal, o sea dilatar al máximo posible la culminación de las medidas de prueba; otra fue quitarles la instrucción a los fiscales para reasumirla los propios magistrados, como ocurrió con la causa de la Mesa Judicial creada durante la gestión de Cambiemos.
A estas decisiones se les suma en algunos casos la intervención de jueces en litigios en los que deberían haberse excusado, según lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo que especifica que si un magistrado «tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta» con alguno de los interesados en una causa debe, precisamente por eso, inhibirse de actuar en ella.
Por acción u omisión, esta combinación de estrategias resume en buena medida lo que ocurrió en el año judicial que se termina en las principales causas referidas a las decisiones tomadas por Macri y los exfuncionarios de su gestión entre 2015 y 2019, según se desprende del estado actual de los expedientes.
El panorama del Poder Judicial, según especialistas
En términos generales, se trata de un escenario que está en línea con el panorama del Poder Judicial que el jurista Raúl Zaffaroni describió en diálogo con Télam.
Para el exmiembro de la Corte Suprema, el país -como toda la región- está siendo testigo de cómo actúan «las dos puntas del lawfare», un fenómeno que consiste en aplicar desde la labor cotidiana de los jueces la dicotomía de ‘amigo-enemigo’ propuesta por el teórico alemán Carl Schmitt para el ejercicio de la política.
Eso diluye cualquier pretensión de imparcialidad por parte de los magistrados y hace crecer la desconfianza de la sociedad porque lo que prima, advirtió Zaffaroni, es una lógica binaria.
«Al amigo, encubrirlo; al enemigo, destruirlo sin piedad. Persecución política para unos, encubrimiento e impunidad para los propios», resumió.
«Al amigo, encubrirlo; al enemigo, destruirlo sin piedad. Persecución política para unos, encubrimiento e impunidad para los propios»Raúl Zaffaroni
En la misma línea, el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra cuestionó este doble estándar en la aplicación de las leyes al señalar que «hay asuntos que no resultan acusados o son objeto de inquisiciones tardías» mientras otros casos -de acuerdo a quien sea la persona juzgada- tienen una «inquisición renovada, continuada y acelerada».
«Según la Constitución, la inquisición debería ser para todos los habitantes una regla que midiese a todos con semejante vara, porque todos los habitantes son iguales ante el Derecho», alertó Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, en declaraciones a esta agencia.
Impunidad y jueces amigos
Pero más allá de las opiniones de los expertos, son sobre todo las querellas que representan a las víctimas -como en la causa por espionaje ilegal a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan– las que vienen insistiendo sobre «la impunidad» que protege a Macri por acción de sus «jueces amigos», según palabras de la abogada Valeria Carreras.
La Cámara Federal porteña sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan https://t.co/TXFv14uI7D
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 15, 2022
Representante de la querella mayoritaria por el espionaje ilegal en el caso del submarino, Carreras resaltó en declaraciones a Télam que las causas que involucran al expresidente tramitan «en los juzgados donde tiene jueces amigos, jueces compañeros de partidas de pádel, jueces habitués de su quinta Los Abrojos y/o jueces nombrados por él mismo por decreto».
«Por lo cual -agregó la letrada-, no sorprende que ninguna causa lo afecte».
La abogada de las familias de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, Valeria Carreras (@dravaleria), sostuvo que el sobreseimiento a Macri por espionaje fue «pornográfico, obsceno e ilegal» https://t.co/1TX1sPbrEb
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 25, 2022
Y en relación a la causa por espionaje ilegal, sostuvo que el sobreseimiento que benefició a Macri dictado por la sala I de la Cámara Federal porteña el 15 de julio último (en un fallo que revocó un procesamiento de primera instancia y que firmaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ) fue «aberrante e inmoral».
El fallo de Bruglia, Bertuzzi y Llorens revocó el procesamiento de Macri que había dictado el juez federal de Dolores Martín Bava, y la misma decisión tomó respecto a los exjefes de la AFI, para lo cual validó el argumento de que las acciones de inteligencia llevadas a cabo sobre las familias se justificaban por «la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del (entonces) presidente».
La decisión de los camaristas impactó a las familias de los 44 tripulantes, cuyos abogados denunciaron un «golpe judicial», y constituyó la noticia judicial más polémica del año en el marco de las causas que involucran a Macri hasta el punto en que tanto el fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, como su par ante Casación, Raúl Pleé, solicitaron que se deje sin efecto el sobreseimiento.
La revocatoria o la confirmación del fallo está ahora en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, aunque primero se deberá definir si Carlos Alberto Mahiques, hoy titular de la Sala II y uno de los participantes del viaje VIP a Lago Escondido, puede intervenir en el caso.
El abogado y padre de uno de los tripulantes, Luis Tagliapietra, pidió que Mahiques se aparte del expediente.
La causa por el espionaje ilegal vinculado al hundimiento del ARA San Juan se inició tras el hallazgo en la base Mar del Plata de la AFI de informes de inteligencia realizados a familiares y allegados de los submarinistas, como también a parientes y amigos de los trabajadores de los buques pesqueros naufragados ‘Rigel’ y ‘El Repunte’.
El fiscal de la causa pidió que se anule el sobreseimiento de Macri en la causa de espionaje a los familiares del ARA San Juanhttps://t.co/PWk9s60NRF
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 1, 2022
Para Macri, esa pesquisa le significó el primer procesamiento desde que dejó la Casa Rosada -luego revocado y ahora en proceso de revisión-, aunque su nombre o el de exfuncionarios de su gestión aparecen también como imputados en otros siete expedientes que tramitan en los fueros Federal, Comercial y Penal Económico.
Se trata de las causas que investigan presuntas irregularidades en el crédito de alrededor de 45.000 millones de dólares contraído con el Fondo Monetario Internacional, como también la persecución a gremialistas a través de la ‘Gestapo Sindical’ (bautizada así por una frase del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en 2017 dijo que si pudiera «tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría»).
Macri se encuentra también como principal imputado en el expediente por la Mesa Judicial que utilizaba para presionar a jueces y fiscales, según las denuncias de los propios afectados; lo mismo ocurre con la investigación por el contrabando de material represivo a Bolivia en los primeros días posteriores al golpe contra Evo Morales.
A continuación, un resumen del estado de todos esos expedientes
• Causa Gestapo Sindical: a pedido de los imputados, el expediente pasó desde el fuero federal de La Plata, donde intervino el juez Ernesto Kreplak, a los tribunales de Comodoro Py, en lo que se supone como la búsqueda de una jurisdicción más ‘controlable’ (práctica que, a juzgar por los chats filtrados por la estadía VIP a Lago Escondido, buscan repetir los participantes del viaje con la denuncia por dádivas que ya tramita en la Justicia Federal de Bariloche). La Cámara Federal porteña deberá revisar los procesamientos dictados por Kreplak.
• Denuncia por malversación de fondos y administración fraudulenta por la deuda con el FMI de 2018: el expediente no avanza. La jueza que resultó sorteada, María Eugenia Capuchetti, no citó a declarar a los imputados, que son el propio Macri, su exministro de Finanzas Luis Caputo y el extitular del Banco Central Federico Sturzenegger. El fiscal Franco Picardi pidió sin éxito una serie de medidas de prueba que apuntaban a «la trazabilidad» del dinero, a los efectos de detectar para qué se usaron los fondos que ingresaron al país.
• Mesa judicial macrista: también a cargo de la jueza Capuchetti, quien en octubre decidió quitarle la instrucción al fiscal federal Franco Picardi. Los imputados son Macri junto a su exjefe de Gabinete Marcos Peña y los exministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Jorge Triaca (Trabajo) junto al actual jefe de los fiscales de CABA, Juan Bautista Mahiques, otro participante del vuelo VIP a Lago Escondido. Ana María Figueroa, actual presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, denunció a Mahiques en estrado judicial por haberla intentado presionar en relación al Memorándum con Irán.
• Causa referida al hotel de Alejandro Vanderbroele: se investigan irregularidades por el ingreso de Vanderbroele al programa de protección de testigos en condición de imputado colaborador en el caso Ciccone. La fiscal actuante, Paloma Ochoa, consideró que desde la cartera de Justicia que encabezaba Germán Garavano asistieron económicamente al ‘arrepentido’ por un tiempo y un monto superiores a los permitidos por la ley. Sin embargo, el juez Julián Ercolini, otro participante del vuelo de lujo a Bariloche, sobreseyó a Garavano y a los demás imputados el 2 de diciembre último.
• Causas vinculadas a Correo Argentino: en el expediente que tramita en la Justicia comercial está pendiente que la Corte Suprema resuelva si acepta la competencia del Tribunal Superior de Justicia porteño, una jurisdicción que todos los actores consideran más amigable para Macri y para el grupo empresario familiar Socma. La jueza en lo comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA el 5 de julio de 2021 y fue recusada por los representantes de la empresa.
En la causa iniciada en la Justicia federal interviene el magistrado Ariel Lijo: en 2022 no hubo ninguna resolución sobre la situación procesal de los imputados, entre ellos el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, a quienes se investiga por realizar un acuerdo perjudicial para las arcas del Estado durante la gestión de Cambiemos.
• Causa por el contrabando de material represivo a Bolivia: la investigación está a cargo del juez en lo penal económico Alejandro Catania. Las últimas medidas procesales fueron la toma de declaraciones testimoniales al personal de Aduana: el magistrado no citó a indagatorias a los exfuncionarios acusados. Tanto el ministro de Justicia, Martín Soria, como el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, acusan a Catania de demorar ex profeso el avance de la causa.
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Fuente: Telam