Los discursos del odio, germinados en «prejuicios y mitos sociales», amplificados por el «negocio» de las redes sociales y exacerbados en la virtualidad y el aislamiento que impuso la pandemia, fueron caldo de cultivo para que este año ocurriera la expresión de violencia política más peligrosa en términos democráticos desde 1983: el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Ningún sujeto, ningún actor social o político es susceptible de ser objeto de un atentado si antes no fue desvalorizado, estigmatizado o despreciado», coincidieron en una entrevista con Télam Micaela Cuesta y Ezequiel Ipar, académicos y coordinadores del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
El arma a centímetros de la cabeza de Fernández de Kirchner es la foto más clara de cómo los discursos del odio pueden «habilitar acciones en la vida real» y ser el mensaje que «legitima la violencia».
Sin embargo, para que ocurra un hecho de ese tenor debe existir primero «un proceso de deshumanización» y, al mismo tiempo, la construcción de «un otro absolutamente intolerable», explicó Ipar.
«Eso es acompañado con un llamado a la violencia o a la legitimación de esa violencia, que tiene, como punto máximo, el discurso de exterminio», agregó.
El mes pasado la justicia procesó a Jonathan Morel y otros miembros de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal (RF) por materializar un «plan criminal» que tuvo por objeto «imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, con acciones violentas» desarrolladas, por lo menos, «desde mayo último», en un encuadre legal que prevé penas de hasta 8 años de cárcel.
En ese armado se inscribieron varias acciones violentas previas al intento de asesinato de la Vicepresidenta: la guillotina instalada el 25 de mayo último en Plaza de Mayo con el logo del Frente de Todos (FdT) y la frase «Presos, muertos o exiliados», el ataque a la camioneta que trasladaba al ministro de Economía, Sergio Massa, y las piedras y antorchas arrojadas a la Casa Rosada, en agosto pasado.
«Al kirchnerismo, cárcel o bala» decía el cartel colgado de las rejas de la Casa Rosada el 18 de agosto último como lema violento de los manifestantes de Revolución Federal que arrojaron antorchas encendidas hacia la sede de Gobierno y que son investigados por sus posibles vinculaciones con el ataque a Fernández de Kirchner.
Queda en evidencia así, que hubo luces de alarma encendidas mucho antes del 1 de septiembre, día en que Fernando Sabag Montiel, pareja de una integrante de RF, gatilló contra la Vicepresidenta.
Como sintetizó Ipar, el ataque a Cristina «fue el acto de violencia política más previsible de la historia reciente» y empezó a anunciarse, quizá, con la pintura roja y las pedradas arrojadas a su despacho en el Senado, en marzo pasado, cuando el Parlamento analizaba la renegociación del acuerdo con el FMI.
«Los imputados conformaron una organización con abierta intención de incitar a la persecución, hostilidad y violencia colectiva contra determinados sujetos pertenecientes a un determinado espacio político», concluyó la justicia.
En definitiva, pudo comprobarse que «atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho», señaló el juez Marcelo Martínez de Giorgi en su resolución.
En la antesala del intento de magnicidio pueden anotarse, también, la basura arrojada frente a la sede del Instituto Patria; el escrache en las afueras del Congreso al dirigente social Juan Grabois; una protesta frente a América TV en apoyo a la conductora Viviana Canosa y una movilización a la quinta de Olivos bajo las consignas «van a correr» (amenaza barrabrava) y «el kirchnerismo va a caer».
El odio en las redes sociales
Las redes sociales tuvieron un rol gravitante en la amplificación de mensajes violentos, en paralelo con el impacto de la pandemia de Covid-19, que modificó los hábitos cotidianos, la forma de relacionarse entre las personas y dejó hasta hoy una insatisfacción social global por las consecuencias económicas del coronavirus.
Cuesta subrayó que las redes «tienen una capacidad de viralizar contenidos de una forma inédita en la historia de la tecnología», pero además, en los últimos años, consiguieron transformar el «modo de habitar la sociabilidad».
«Si la gente en redes sociales está diciendo: ‘esto se resuelve con guillotina’, nos pareció bueno mostrárselos; hice una guillotina para empezar a hablar», argumentó Morel, antes de ser procesado.
En poco tiempo, esa brutalidad discursiva empezó a convertirse en «regla de lenguaje» en plataformas como Twitter, que lidera el ranking en difusión de mensajes de odio.
«Hay una inversión: se presenta la violencia como habilitadora del diálogo y ya no es la tolerancia la que habilita ese diálogo», planteó Cuesta.
Pero, además, las redes se convirtieron en un «espacio público digital, legitimado por políticos e instituciones», agregó Ipar. «Si en ese espacio público construís reglas de uso del lenguaje, que no sólo habilitan la violencia, sino que también la estimulan, hay un problema grave porque la violencia monopoliza la conversación política y la conversación democrática», reflexionó.
De hecho, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció a Revolución Federal por una serie de audios de Twitter Spaces en los que algunos de sus referentes declararon sus intenciones de atentar contra el Presidente, la Vicepresidenta y el diputado nacional Máximo Kirchner.
Las redes son instrumentos, pero también son actoras en esta promoción de expresiones de odio, así lo afirmaron los especialistas que además advirtieron sobre el «rédito económico» que obtienen las empresas con la «distorsión de los principios básicos de una conversación democrática».
«Se busca subestimar la dimensión del daño apelando a la libertad de expresión, como si todo pudiera ser dicho en las redes sociales, sin ningún tipo de responsabilidad»Micaela Cuesta
«Los contenidos intensos producen mayores intervenciones en la red y, por lo tanto, mayor capacidad de monetización a través de la publicidad; son los discursos afectivos, entre ellos los de odio, los que capturan más la atención de los usuarios y eso genera mayor recaudación y nuevas adhesiones a la plataforma», sintetizó Cuesta.
A nivel global los Gobiernos ya empezaron a tomar nota de los riesgos del efecto multiplicador de los mensajes violentos en la web, pero todavía no hay mecanismos suficientemente efectivos para poner frenos.
«Se busca subestimar la dimensión del daño apelando a la libertad de expresión, como si todo pudiera ser dicho en las redes sociales, sin ningún tipo de responsabilidad», apuntó Cuesta.
Entonces resulta muy fácil que «alguien te cite a cualquier hora y desde cualquier lugar del planeta para que un enjambre te odie», graficó Ipar.
La ultraderecha coquetea con los límites de la democracia
En tiempos de pandemia, los «ciudadanos indignados» ocuparon la escena, pero luego fueron cobrando protagonismo en los medios los grupos de ultraderecha, con discursos que son replicados por los exponentes más inflexibles de la oposición: Javier Milei, José Luis Espert, Patricia Bullrich y Ricardo López Bullrich.
«Aquellas fuerzas que coquetean con los límites de la democracia echan mano a ese tipo de discursos porque saben que capitalizan en términos político-electorales», explicó Cuesta.
Legitimar la violencia como herramienta para resolver conflictos sociales tiene en sí mismo un componente antidemocrático y, por eso, históricamente, en América latina y en Argentina, ese tipo de discursos fueron reproducidos por el «partido militar».
Actualmente, ese «contenido antidemocrático, segregacionista y de anti derechos» se inscribe en los partidos de derecha, «propensos a discursos de odio como estrategia política», coincidieron Ipar y Cuesta.
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Fuente: Telam