Organizaciones realizan en enero séptima marcha a Lago Escondido para denunciar «enclave británico»
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Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán entre el 26 de enero y 14 de febrero próximos la séptima marcha a Lago Escondido para denunciar que el lugar es un «enclave británico» y funciona como «la cueva de un poder mafioso».
En tanto, un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois; el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, llegó este martes a las orillas del Lago Escondido e izó allí una bandera argentina, en reclamo de la recuperación de esas tierras por parte del Estado nacional, actual propiedad del magnate británico Joe Lewis.
«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois en su cuenta de la red social Twitter.
Queremos comunicarles que en este momento, estamos intentando llegar al Lago Escondido, patrimonio de todas y todos los argentinos pero sólo accesible para algunos serviles al poder real. Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también https://t.co/UdUgJi3RiE
— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 27, 2022
Los detalles de la marcha fueron informados por las organizaciones nucleadas en la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) en una conferencia de prensa que realizaron en el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense, ubicado en avenida Paseo Colón 631, de la ciudad de Buenos Aires.
El presidente de Fipca, Julio César Urien, expresó que «como se demostró en octubre, con la difusión de los chats sobre el viaje al Lago Escondido, esta es una causa nacional» y manifestó que «Lago Escondido es una expresión del poder real, un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores; por eso en la marcha vamos a demostrar la fuerza de la unidad de los sectores del campo popular».
En la conferencia de prensa también estuvieron el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan; el dirigente peronista Jorge Rachid; el dirigente de la CTA de los Trabajadores Pablo Manciangello; de la CTA Autónoma Alberto «Beto» González; y el secretario general de Gráficos, Héctor Amichetti; entre otros.
Según informaron en la conferencia, la nueva movilización -que será la séptima- se realizará entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximos y se organizará en diferentes columnas que se congregarán en el lugar.
Una de las columnas contará con entre 40 a 50 personas y llegarán al lago a través del camino de montaña, travesía que lleva varios días, mientras que unos 300 a 400 militantes se movilizarán por el camino de Tacuifí, cuya habilitación es reclamada por las organizaciones.
En un comunicado, señalaron que Lago Escondido representa un «enclave británico» que es «la cueva de un poder mafioso, un Estado paralelo vinculado al poder económico, judicial y mediático».
«Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que exige habilitar el Camino del paraje Tacuifí por su carácter de acceso público», añadieron.
Entre las organizaciones que adhirieron a la marcha en el comunicado difundido por Fipca se encuentran La Cámpora, La Federación de Gráficos Bonaerenses (FGB), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), el Grupo Bolívar, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte y el Grupo de Curas Opción por los pobres.
«Estamos esperando más gente, creo que va a tener más repercusión y va a ser un hecho político», dijo Urien.
Asimismo, entre los fundamentos para la la marcha explicaron que buscan que «se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del grupo Clarín que participaron de la reunión en el Lago Escondido en octubre pasado».
En declaraciones a Télam, Urien sostuvo que Grabois «ya estuvo en otra oportunidad a Lago Escondido» y consideró que la acción que realizó este martes en el lugar «suma a la política que Fipca lleva adelante».
«Lo vamos a invitar a que venga con nosotros en enero, me parece importante que haya podido ingresar. Hay que ver si ahora en este camino puede ingresar cualquiera, nosotros hasta ahora hemos sido obstaculizados y reprimidos, pero ojalá», concluyó.
En tanto, la CTA de Río Negro convocó a movilizarse a Lago Escondido y su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo en General Roca que «esta séptima marcha tiene que ser la última».
El sindicato recordó, asimismo, que existe una causa por el reclamo «que el año pasado fue cerrada por Carlos Mahiques, uno los jueces involucrados en el chat con autoridades de Clarín y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta».
Aguiar señaló que la marcha partirá desde El Bolsón por el camino de montaña que recorre los lagos Soberanía y Montes, y también desde El Foyel por el Camino de Tacuifí.
«Esta vez vamos a llegar hasta al lago a cualquier costo y el gobierno rionegrino tendrá la máxima responsabilidad por cualquier hecho que haya que lamentar», agregó el dirigente y manifestó que «Lewis, y los poderes político y judicial que lo encubren se encuentran cercados por un consenso social creciente, esta séptima marcha tiene que ser la última, para que ponga fin a tantos años de impunidad».
Asimismo, afirmó que se va a pedir la intervención del Gobierno nacional para que contribuya con la seguridad de la actividad y sostuvo que «luego de realizar seis marchas, ya no tenemos dudas de que la Policía de la Provincia cuida sólo a Lewis».
«Los rionegrinos que pagamos sus sueldos sufrimos cada vez más inseguridad, mientras los multimillonarios extranjeros viven tranquilos en nuestra provincia», precisó.
La CTA Autónoma, asimismo, reclamó al Gobierno de Río Negro el cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche que ordenó a Vialidad Rionegrina a abrir y otorgar transitabilidad al camino de Tacuifí.
La orden judicial incluye señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad.
El gremio aseguró que «ese fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia».
Fuente: Telam