El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró este sábado que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), que dispuso que la Nación destine el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires generó el «conflicto de poderes más grave desde la recuperación de la democracia»
«La resolución cautelar de la Corte suspende la aplicación del Decreto del Presidente (Alberto Fernández) y la ley del Congreso que ratificó las alícuotas dispuestas. Es decir, se alza contra una ley votada en ambas cámaras del parlamento. Es correcto calificar este conflicto entre poderes como el más grave desde el recupero de la democracia«, señaló Barcesat en declaraciones a Radio La Red.
Para el letrado, «inexplicablemente», la Corte no tuvo en cuenta en esta resolución que «también está rigiendo sobre la Ley del Presupuesto de la Nación que es la ley de leyes, como algunos la bautizan».
«Es la norma que regula el movimiento económico financiero de todo el país. En todo caso hubiera correspondido ampliar el objeto procesal pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de Presupuesto. Pero eso ya hubiera sido el colmo. Faltarían nomas que pidan la inconstitucionalidad de la ley de gravedad y con eso terminarían el disparate«, remarcó.
En ese sentido, Barcesat evaluó que la decisión del máximo tribunal creó una situación «de predicamento», porque «haga lo que haga», el Ejecutivo nacional queda en una situación en la cual «siempre quebranta una obligación».
«Si le hace caso a la Corte, estaría quebrando la Ley de Presupuesto y en detrimento de las provincias», afirmó.
En ese marco, Barcesat sostuvo que el Gobierno «está obligado a desobedecer a la Corte reprochando y buscando las vías institucionales para que este fallo quede sin efecto».
«Para eso, el Ejecutivo ha propuesto dos medidas con el aval de los gobernadores de recusar a los cuatro miembros de la Corte y a presentar el pedido de revocatoria de la resolución cautelar dictada», afirmó.
Y señaló que «algunos dicen que la Corte no va a aceptar su recusación y ni el recurso de su reposición y ahí el conflicto se vuelve mayor».
«He aconsejado que, en paralelo a estas mediadas, se promueva el pedido de juicio político y remoción de los cuatro miembros de la Corte. Hay que avisarle a la Cámara de Diputados que ya tienen más de 28 pedidos contra estos magistrados que no se cruce de brazos y que se investigue, que llame a los expertos para debatir», aseguró.
Por otro lado, criticó el fallo al referirse a la Cláusula del Progreso de la Constitución Nacional que establece «la obligatoriedad del Congreso de atender e igualar las condiciones de existencia en las distintas provincias y regiones» y que significa «aportar más para aquellos en peor situación».
Además, señaló que es «algo insólito» hacer lugar a la suspensión del Decreto presidencial después de dos años ya que «uno de los requisitos de las medidas cautelares es la urgencia» y señaló que en este tiempo no hubo «ninguna afectación en los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
Fuente: Telam