El 20 de noviembre de 2019, la Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 3213 que establece la creación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tuvieron que pasar dos años para que la ley fuera reglamentada por el gobernador Omar Gutiérrez.
Ahora, se presenta un nuevo obstáculo que dilata el pleno funcionamiento del Comité. Se trata de la falta de designación de dos miembros para completar el total de ocho integrantes que debe tener por ley ese Comité. Cinco de ellos deben presentarse a propuesta de organizaciones involucradas en la defensa de las personas privadas de la libertad.
Días atrás, el bloque legislativo del Frente de Todxs envió una carta al vicegobernador, Marcos Koopmann, para exigir que acelere el nombramiento de esos dos miembros.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Pensamiento Penal (APP) respaldaron seis candidaturas. Una de ellas fue la de Estefanía Buamscha, abogada y actual directora general del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género de la provincia.
En diálogo con LU5, Buamscha explicó que las dos personas que faltan “deben ser nombradas por la primera mayoría de los diputados provinciales, eso no se hizo y se están venciendo los plazos”. Agregó que esas dos personas que faltan deben ser dos mujeres para cumplir con el cupo femenino y comentó que solicitaron información sobre la demora pero no recibieron “ningún tipo de explicación”.
La dilación en la designación preocupa a quienes ya integran el Comité y no saben si se debe “desconocimiento por parte de los diputados o falta de voluntad política o que hayan decidido pasarlo para el año que viene”. Al respecto, Buamscha remarcó que presentaron notas para pedir que se cumplan con los plazos, para solicitar reuniones y hablar de la importancia de la conformación del Comité. “No se entiende por qué se frena y pasa al próximo período legislativo”, lamentó.
Los objetivos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes son: “trabajar sobre contextos de encierro como comisarías, cárceles, complejos de salud mental, en hogares de adultos mayores como geriátricos”.
Buamscha especificó que dentro de sus tareas figuran “la realización de informes periódicos, recepción de denuncias, emisión de recomendaciones al Gobierno provincial, elaboración de políticas públicas de calidad, comunicación de denuncias para que sean investigadas, hacer visitas para realizar monitoreos”, entre otras.