La alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) exhibió este jueves nuevas diferencias internas a raíz del acompañamiento de la mayoría de los diputados nacionales del PRO a la reforma de la ley de barrios populares que impide los desalojos en esos conglomerados, una postura que derivó en un fuerte reproche de la titular de ese partido, Patricia Bullrich.
La media sanción a la iniciativa que reforma la ley de integración socio-urbana de los barrios populares, que había sido sancionada en 2018 durante el Gobierno de Juntos por el Cambio y que prorroga por diez años la vigencia de la suspensión de los desalojos, llevó a Bullrich a preguntarle a los legisladores de su propio partido «a quién defiende» la fuerza fundada por el expresidente Mauricio Macri.
Ese cuestionamiento interno de la exministra de Seguridad de la gestión de JxC generó una serie de réplicas de dirigentes alineados con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, identificado con el sector «moderado» que formó parte del amplio espectro de partidos que el miércoles apoyó la media sanción de la ley.
«Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo», cuestionó Bullrich, desde Twitter, al hacerse eco del acompañamiento de parte del PRO a la media sanción.
Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo. pic.twitter.com/eDDyzOU39v
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 13, 2022
Desde el «larretismo», la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, le respondió a Bullrich que el PRO «siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina» y le recordó que la ley sancionada en 2018, durante el Gobierno de Macri, «viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y salió con el consenso de todo el espacio».
Tras afirmar que el Gobierno porteño viene «llevando adelante la política de integración más importante de la Argentina, nivelando la cancha para que el trabajo y el esfuerzo sirvan para progresar», la funcionaria sostuvo que la ley «de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones».
Por el contrario, resaltó, «define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas. Pero sí reconocemos que hay que ocuparse de estos temas que arrastran décadas. Con un norte de nivelar oportunidades y generar desarrollo».
«Para eso hacemos política en JxC, para resolver los problemas de la gente y transformar la Argentina«, cerró Migliore, con inserción en villas y barrios populares.
En la misma línea, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Fabio Quetglas también tomó nota del reproche de Bullrich y le recordó que en Argentina «hay informalidad urbana hace más de un siglo» y que «su persistencia, extensión y agravamiento no sé explica por una sola causa» porque, dijo, «la inestabilidad macroeconómica y la carencia de crédito son la mitad de la historia».
«Yo veo una oportunidad en la generación de suelo urbano, y la integración socio urbana. En nuestro futuro Gobierno deben ser una palanca de empleo, un instrumento de cohesión social y una marca indeleble de una Argentina digna y anticlientelar», manifestó el legislador.
De los 50 integrantes del bloque Unión PRO de la Cámara de Diputados, la mayoría (39) se inclinó por acompañar la iniciativa, mientras los 11 restantes, referenciados con el ala «dura» de la bancada y con la propia Bullrich, decidieron votar en contra, abstenerse o directamente ausentarse.
Por otro lado, y en la ratificación de una disputa interna que aspira a trasladarse al plano electoral, Bullrich presentó en las últimas horas la precandidatura del secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, para la Jefatura de Gobierno porteña.
«Un sindicalista moderno decide comprometerse. Ahí mi pedido. Jugátela Marcelo, ¡como todos! ¡Basta de medias tintas!», destacó Bullrich desde sus redes sobre la presentación del dirigente.
En tanto, el expresidente Mauricio Macri insistió en que si JxC vuelve al Gobierno en 2023 deberá «ir a fondo» con una serie de medidas de reducción presupuestaria o directamente de privatización de empresas estatales, y en referencia a las diferencias en la oposición dijo que el espacio definirá sus candidaturas entre quienes «quieren un cambio absoluto» y los que desean «eso mismo pero con menos fortaleza». Esa definición puede atribuirse a los «halcones», en el primer caso -donde están Bullrich y el propio Macri, entre otros-, y a los moderados, sector referenciado en Rodríguez Larreta.
Respecto a las críticas que le había dedicado el radical Facundo Manes al recordar las acciones de espionaje ilegal llevadas a cabo durante el mandato 2015-2019, Macri respondió que prefería no responder porque -dijo- «escuchar cosas calumniosas a nadie le gusta».
«No quiero responder desde mi ego ni me quiero hacer cargo del ego de otros, yo estoy en la tarea de armar equipos», sostuvo igualmente el expresidente, pese a haber dicho que prefería no contestarle al neurocientífico.
La reforma de la ley de barrios populares obtuvo media sanción el miércoles último con 227 votos aportados por el Frente de Todos (FdT), el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, además de JxC.
Votos negativos, ausentes y abstenciones del PRO en el proyecto cuestionado por Bullrich
Los 50 integrantes del bloque Unión PRO de la Cámara de Diputados de la Nación votaron el miércoles de diferente modo el proyecto contra los desalojos de los barrios populares y la mayoría de ellos (39) fue blanco este jueves de las críticas del la presidenta del partido, Patricia Bullrich, por haber acompañado la iniciativa.
Los otros 11 más referenciados con el «ala dura» del bloque y con la propia exministra de Juntos por el Cambio (JxC) decidieron votar en contra, abstenerse o directamente ausentarse, aún a sabiendas del consenso alcanzado por las diferentes fuerzas políticas de la Cámara en torno al proyecto.
También mostraron con esas decisiones el rechazo o la indiferencia ante un tema que había sido legislado por primera vez en 2018, a instancias del anterior gobierno.
El neuquino Francisco Sánchez, autor de los dichos por los cuales pedía pena de muerte para autores de delitos de corrupción, fue el más rebelde del bloque que preside Cristian Ritondo: votó negativamente.
En tanto que Gustavo Hein, de Entre Ríos, y Marilú Quiroz, de Chaco, decidieron abstenerse.
En el tercer lote, como ausentes, se contabilizaron Camila Crescimbeni, Fernando Iglesias, Florencia Klipauka, Gerardo MIllman, Gustavo Santos, Alfredo Schiavoni, María Sotolano y Héctor Stefani.
Entre los 39 que acompañaron el proyecto, y que fueron blanco de las críticas de Bullrich, estuvieron el propio Ritondo, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Pablo Tonelli, Pablo Torello, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Federico Angelini, Rogelio Frigerio y Omar de Marchi.
Fuente: Telam