Causa Vialidad: con fotos de las obras, la defensa de Báez aseguró que «los fiscales mintieron»
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Los abogados del empresario Lázaro Báez aseguraron hoy que los fiscales del juicio de Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, «mintieron cuando dijeron que las obras no existían» y para acompañar esa afirmación fueron exhibidas durante el alegato defensista las imágenes de las obras de remediación de canteras que la fiscalía había asegurado que no se hicieron.
«Señores jueces, los fiscales les mintieron, les dijeron que estas obras no existían, que las canteras no fueron remediadas. Le pusieron ‘la caja clandestina de Lázaro’, para los diarios, todo era mentira», afirmó el abogado Juan Villanueva tras exhibir las imágenes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
El letrado remarcó que las imágenes podían encontrarse entre la prueba ofrecida en el marco de este expediente pero además presentó ante el tribunal otra forma de comprobarlo a través de una herramienta de Google que permite, a través de coordenadas, lograr vistas aéreas e incluso obtener imágenes que uno podría tomar si se encontrara en el lugar.
Durante las nueve jornadas de alegato de la fiscalía, Luciani había asegurado que «las obras de remediación ambiental fueron una mentira, una ilusión», al referirse a aquellas obras que se hacen en lugares de donde fueron extraídas piedras, tierra o cualquier otro elemento y que requieran luego una «remediación» para no generar peligro a la población del lugar.
La fiscalía también había aseverado que las obras de remediación no fueron individualizadas, algo que el abogado Villanueva refutó a través de los documentos que daban cuenta de lo contrario por medio de «croquis de ubicación».
«Las mentiras de los fiscales Mola y Luciani quedan en evidencia a través de las prueba y la realidad», sostuvo el abogado que durante su exposición puso en duda que la fiscalía hubiera compulsado las «tres toneladas» que reúne el expediente.
El alegato
En el comienzo de su alegato, la defensa de Báez había asegurado que los fiscales hicieron «inferencias violatorias del principio de legalidad» con el fin de «meter gente en la cárcel», en la segunda jornada de su alegato final en la causa Vialidad.
«Todas las inferencias que realizan los doctores (Sergio) Mola y (Diego) Luciani resultan violatorias del principio de legalidad», afirmó el abogado Villanueva, que representa al dueño de Austral Construcciones ante el Tribunal Oral Federal 2.
«Si quieren cambiar la ley tienen que formalizar un partido político, ganar una elección y canalizar las reformas como corresponde», ironizó en relación a que la fiscalía habría recurrido a normas que ya no están vigentes a la hora de fundar su acusación.
La fiscalía «tergiversa lo que dijeron los propios peritos» de manera «maliciosa» y con el fin de «meter gente en la cárcel», agregó el letrado en el juicio que se realiza por videoconferencia y que tiene 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado de Báez reiteró que la pericia en la cual se aludió a sobreprecios y otras irregularidades «en ningún aspecto puede ser valorada» como prueba y que «las conclusiones de la fiscalía son una disconformidad con la normativa vigente».
«La verdad es que nosotros entendemos que acá no hay espacio para la interpretación creativa que nos proponen los fiscales. La ley es la ley», argumentó además Villanueva, al sostener que todo se hizo en base a la normativa vigente.
Los fiscales «desde sus escritorios en Comodoro Py» sacaron conclusiones sobre el clima en Santa Cruz, dijo en otro tramo vinculado a los pedidos de extensión de plazos de las obras.
«Era cuestión nada más de abrir los expedientes, no tenían que pesarlos, tenían que leerlos», apuntó y puso como ejemplo que los fiscales hablaron de la demora en una ruta «que cruzaba la Cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. La obra se llama corredor cordillerano».
La obra era de «alta montaña, en el extremo sur del continente, donde son los climas más agresivos de la Argentina», sostuvo y dijo que si los fiscales lo ignoraban «lo que no pueden hacer nunca es utilizar su desconocimiento sobre el tema, sobre los hechos, para fundar un pedido de condena».
Villanueva aludió a un «encuadre malicioso del Ministerio Público Fiscal» y a una «falacia absoluta» en una acusación que tiene «agujeros groseros».
«Nunca, jamás, la demora en la ejecución de una obra puede ser un medio idóneo para defraudar al Estado, porque la consecuencia de la demora es exactamente la opuesta. La que pierde con la demora y ampliación de plazo es la empresa», analizó.
También sostuvo que no hay prueba de que las empresas de Báez hayan tenido algún «privilegio» por sobre las demás contratistas de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La fiscalía «no presentó una sola prueba» de que lo que ocurría con las 51 obras adjudicadas a Báez en ese período «fuera una situación excepcional, preferencial o por fuera de la norma».
La forma en que se hacían las cosas «era la práctica normal y general» en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz y era la misma «en todos los casos», señaló.
En la primera jornada de alegato, Villanueva había anticipado que pediría la absolución del empresario.
Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron «prevaricato».
Báez está acusado por supuesta «asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública».
Una vez que finalice la defensa de Báez en la audiencia del martes de la semana próxima, los alegatos seguirán con los últimos cuatro imputados, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.
Fuente: Telam